ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Previo a iniciar un proceso o “juicio” civil por accidente de tránsito, debe transitarse por un procedimiento de mediación obligatoria donde él o los damnificados y los sujetos pasivos del reclamo (titulares registrales de los vehículos/conductores/compañías de seguros) deben concurrir ante un mediador, a efectos de intentar arribar a un acuerdo que ponga fin al conflicto suscitado. Este procedimiento pre-judicial, se lleva a cabo a través de los mediadores habilitados por el respectivo Ministerio de Justicia.

Una vez iniciado el reclamo, automáticamente se designa por sorteo un mediador y se convoca a las partes a una audiencia (mediación oficial). A esa audiencia, deben presentarse el damnificado y los requeridos como responsables, ambas partes, obligatoriamente con el patrocino jurídico de un abogado de la matrícula.

 

Para el caso de llegarse a un acuerdo, las partes deben obligatoriamente cumplir con los compromisos asumidos, caso contrario, podría reclamarse judicialmente el cumplimiento de las cláusulas pactadas.

Ahora bien, si celebradas las audiencias necesarias para que las partes logren un acuerdo, el mismo no fuera posible, queda entonces habilitada la posibilidad de presentar la demanda ante los Tribunales, para que un juez civil entienda en la causa.

Inicio: Se concierta una entrevista personal con el damnificado en el estudio y se procede al análisis de la situación, las lesiones y documentación relativa al siniestro. En caso de ser necesario, se efectúan las denuncias respectivas (ante el seguro, penal, administrativa u otra que corresponda) y el envío de Cartas Documento necesarias en resguardo de los derechos del accidentado.

Mediación: Una vez cursadas las intimaciones, y/o agotadas todas las medidas inmediatas tendientes a resguardar y asegurar los derechos del damnificado, se solicita un turno para obtener una audiencia de mediación obligatoria con un mediador legalmente autorizado. En caso de llegarse a un acuerdo, culmina el reclamo y se procede al cobro de los importes e indemnizaciones. De no ser posible el acuerdo, se avanza al próximo paso (Presentación del reclamo judicial).

Juicio: En caso de no ser posible un acuerdo o conciliación, se inicia la formal Demanda Civil ante el Juez que resulte competente, para que dé inicio al respectivo Proceso o Juicio por Accidente de Tránsito.

La duración de un pleito civil por accidente depende de diversos factores, entre ellos, podemos mencionar: La jurisdicción territorial donde se inicia el reclamo (ej, Pcia. o Ciudad de Bs. As.), la cantidad de demandados (uno o mas responsables del evento dañoso, titulares de vehículos, compañías de seguros intervinientes, etc), la voluminosidad de la prueba ofrecida -ej, cantidad de testigos, pericias médicas, mecánicas o contables complejas, pedido de documentación de difícil acceso, etc-, posibles apelaciones o impugnaciones ante organismos superiores durante la tramitación del caso, entre otros tantos diversos factores, algunos de ellos imponderables que pudieren suscitarse en el devenir de un proceso judicial.

Sentado lo anterior, podemos decir que hoy tanto en la Ciudad como en la Provincia de Buenos Aires, un proceso judicial civil de estas características tarda como promedio desde su inicio hasta la sentencia definitiva, aproximadamente 3 años, pero puede extenderse más. Sin embargo, volvemos a destacar aquí, que en la mayoría de los casos y una vez iniciado el reclamo judicial puede llegarse a un acuerdo judicial como modo alternativo que cierra el juicio antes de que se cumplan los lapsos mencionados, evitando así, esperar a su tramitación completa.

En principio, el juicio civil deberá ser iniciado dentro de los 3 años de ocurrido el accidente. Sin perjuicio de ello, el plazo puede variar en algunos casos puntuales.

En todos los casos en los que EL DAMNIFICADO tenga pensado concretar un reclamo judicial, se recomienda consultar lo antes posible con un profesional letrado dedicado a casos de tránsito, a efectos de que éste pueda indicarle los plazos de prescripción aplicables a su reclamo concreto y, en caso de ser necesario, lo asista para tomar las medidas indispensables a efectos de asegurar sus derechos y no ver frustrada posteriormente la posibilidad de reclamar ante los estrados judiciales en reconocimiento de sus derechos.

Para el caso de que deba recurrirse a la alternativa del reclamo judicial, por no haber arribado a un acuerdo en la instancia de mediación prejudicial obligatoria, el damnificado, debe presentar una demanda ante los tribunales civiles competentes, donde básicamente relatará los hechos que dieron origen al reclamo, ofrecerá la prueba de la que intente valerse (testigos, peritos, documentos, pedidos de informes, etc), fundará legalmente su pretensión y practicará la liquidación de los rubros que estima le corresponden, siempre actuando en forma obligatoria con la asistencia técnica-legal de un abogado matrículado.

 

Una vez presentada la demanda ante el juez en los términos descriptos, la misma, se le comunica -técnicamente se dice “notifica”- a los requeridos como responsables, quienes deberán expedirse sobre el reclamo del damnificado, argumentando las defensas que estimen correspondan según el derecho vigente y ofreciendo las pruebas que pudieren dar respaldo a sus posturas.

 

Otra etapa importante a destacar, es la producción de las pruebas ofrecidas; En esta parte del proceso, se toman declaraciones a las partes y testigos, se efectúan las pericias pedidas, se agregan los informes solicitados, etc.

 

La importancia fundamental de este segmento del proceso, radica en que las pruebas producidas, servirán al juez de la causa como fundamento para resolver el reclamo al momento de dictar sentencia.

No debe dejar de destacarse, que durante el transcurso de casi todo el recorrido del proceso judicial, las partes pueden llegar a un acuerdo de intereses que pongan fin inmediato al juicio (en alguna de las audiencias que fije el juez de oficio o que soliciten las partes o directamente presentando un acuerdo escrito para su homologación).

Finalmente, tenemos el acto de la sentencia, que es donde el juez, resuelve que reclamos reconoce como válidos y cuales otros descarta.

Dado que las únicas personas legalmente habilitadas para asistir jurídicamente al damnificado en su reclamo judicial son los abogados de la matrícula, en todos los casos, el damnificado deberá asegurarse que la persona a quien confió su trámite, se trata de un abogado debidamente matriculado en el Colegio de Abogados de la circunscripción territorial que habilite a litigar ante los Tribunales que resulten competentes para entender en su caso. Para ello, puede hacer fácilmente la consulta en el Colegio de Abogados respectivo.

Generalmente, los honorarios del abogado, se abonan recién después de haber arribado a un acuerdo conciliatorio o de solucionado el conflicto a través de una sentencia judicial. Estos honorarios, consisten en un porcentaje de la suma que le corresponda al damnificado y que varía de acuerdo al caso y lo que estime el abogado (generalmente entre el 20 y el 30 por ciento), siempre respetando los límites impuestos legalmente.

Este supuesto, es el denominado accidente “in itínere” o accidente “de trayecto”, en el cual el perjudicado, podrá reclamar una indemnización por accidente de trabajo a la Aseguradora de Riesgos del Trabajo (A.R.T.) contratada por su empleador y en el supuesto que el daño fuera causado por un tercero (por ej. vehículo embistente), podrá también reclamar del responsable la indemnización de los daños y perjuicios que pudiere corresponderle de acuerdo con las normas civiles vigentes de las que se deducirá el valor de las prestaciones que haya percibido o deba percibir de la A.R.T.

Si el conductor del vehículo interviniente fue autorizado a conducir por el titular, el seguro debe cubrir el siniestro y aunque el conductor no cuente con cédula azul. Se destaca, que la autorización para conducir otorgada por el titular -a los efectos de la cobertura de póliza-, no requiere ningún formalismo especial y puede ser otorgada en cualquier momento de un determinado trayecto

Respecto a la Indemnización por un Accidente de Tránsito, el Código Civil y Comercial Argentino, dispone que la reparación del daño debe ser plena, colocando a la víctima en el estado anterior al hecho dañoso; para determinarla, los jueces valoran los perjuicios sufridos y las consecuencias negativas del hecho sobre el entorno laboral, social y familiar del damnificado.

Conforme lo dispuesto por el Código Civil y Comercial Argentino, la responsabilidad derivada de la circulación de vehículos es objetiva, por lo que sus titulares y conductores se presumen responsables de los daños producidos en el siniestro, debiendo cada uno de ellos reparar los daños generados al otro vehículo, conductor o sujeto interviniente y -en principio- solo se liberan demostrando que el vehículo fue utilizado en contra de su voluntad o que el accidente se produjo por una causa que les fuera ajena.

En ese sentido, la responsabilidad de los titulares y conductores, puede ser reducida o directamente excluida por la incidencia del hecho del damnificado o de un tercero en la producción del daño.

Además, la falta de acatamiento de las normas de tránsito, también será considerada a efectos de la determinación y/o distribución de la responsabilidad civil de los intervinientes en el accidente

En principio, son responsables el dueño y quien ejerce, por sí o por terceros, el uso, la dirección y el control del rodado que intervino en el accidente o, quien obtiene un provecho de él; entendiendo al “dueño” como al titular de dominio que figura en inscripto en la Dirección Nacional del Registro de Propiedad Automotor (D.N.R.P.A.).

Si el titular se desprendió del vehículo, pero no se efectuó la correspondiente transferencia requerida legalmente, para desvincularse de responsabilidad civil, deberá efectuar la Denuncia de Venta respectiva en la D.N.R.P.A., de lo contrario y en caso de ser sujeto pasivo de una acción judicial, deberá demostrar que con motivo de la enajenación ha perdido la disponibilidad material del rodado.

La legislación Argentina, determina que hay daño, cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona u su patrimonio.

Una vez producido el daño, la reparación del mismo debe ser plena, colocando al damnificado en el estado anterior al hecho dañoso.

Se recomienda no reparar el vehículo hasta que lo revise el inspector de la compañía de seguros a la cual se reclama la cobertura del siniestro. Sin embargo, si usted precisa efectuar reparaciones en forma inmediata para utilizar el mismo, puede hacerlo, sacando previamente fotografías de los daños.

Se considera destrucción total, cuando el costo o valor de reparación y/o reemplazo de las partes afectadas alcance o supere el 80% (ochenta por ciento) del valor del vehículo al momento del siniestro.

El damnificado tiene derecho a elegir el taller donde efectuar las reparaciones, siempre y cuando los costos de las mismas no sean abusivas y guarden normal relación con los costos de mercado.

Es muy importante presentarse en un hospital o clínica dentro de las 24 horas de producido el siniestro, solicitando una revisación completa que incluya radiografías de las posible zonas afectadas y cualquier otro tipo de estudios necesarios. Estas certificaciones, indicaciones médicas y estudios, serán fundamentales a la hora de encarar un reclamo legal.

Para determinar la reparación, los jueces valoran el daño sufrido por el damnificado y las consecuencias sobre su entorno laboral, social y familiar.

Algunos de los rubros más importantes que se incorporan habitualmente a una acción legal vinculada con un accidente de tránsito son:

 

DAÑO EMERGENTE: Perjuicio sufrido por la pérdida de un bien o un derecho.

INCAPACIDAD SOBREVIVIENTE: Pérdida de la aptitud para producir bienes. Este rubro, se repara abonando un capital que genere una renta tal que cubra la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas.

GASTOS: Farmacia, asistencia médica, curaciones, rehabilitación y transporte necesario a todos estos fines.

PRIVACIÓN DE USO DEL VEHÍCULO: Costos por transportes, alquiler de vehículos y todas las incomodidades generadas por la situación.

DESVALORIZACIÓN DEL RODADO: Importe para resarcir la disminución del valor del rodado a raíz del impacto.

LUCRO CESANTE: Ganancias dejadas de percibir o la pérdida de ingresos como consecuencias del siniestro.

PÉRDIDA DE LA CHANCE: Pérdida de posibilidades u oportunidades concretas de conseguir un beneficio o evadir una pérdida, como consecuencia del siniestro.

DAÑO MORAL: Afectación de los sentimientos profundos del damnificado, por haberse perturbado su tranquilidad y ritmo normal de vida. Si del hecho resulta la muerte o gran incapacidad del damnificado directo por el accidente, pueden reclamar también este rubro, sus padres, hijos, cónyuge o convivientes.

DAÑO ESTÉTICO: Reparación del perjuicio considerable a la apariencia física.

DAÑO PSÍQUICO: Deterioro de las esferas volitivas, afectivas e intelectuales. Se debe abonar un monto por la incapacidad más otro importe para afrontar la terapia de apoyo necesaria.

Además de los gastos funerarios y de asistencia, deberá abonarse lo necesario para alimentos del cónyuge o conviviente e hijos menores o incapaces, teniendo en cuenta el tiempo probable de vida de la víctima. También, deberá resarcirse a los padres del fallecido, la pérdida de chance de ayuda futura.

Circular con cuidado y prevención

Conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo.

 

Velocidad Precautoria

El conductor debe circular siempre a una velocidad tal que, teniendo en cuenta su salud, el estado del vehículo y su carga, la visibilidad existente, las condiciones de la vía y el tiempo y densidad del tránsito, tenga siempre el total dominio de su vehículo y no entorpezca la circulación.

 

Prioridades

 

Todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha, se pierde ante, por ejemplo la señalización específica en contrario, vehículos del servicio público de urgencia, vehículos que circulan por semi autopistas -caminos similares a las autopistas pero con cruces con otras calles o vías del ferrocarril, peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal; debiendo el conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón.

 

Prohibiciones

Está prohibido en la vía pública conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente, habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir.

 

Conducir en estado de alcoholemia

Queda prohibido, conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre. Superior a 200 miligramos por litro de sangre, para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores y cualquiera sea la concentración por litro de sangre, para vehículos destinados al transporte de pasajeros de menores y de carga.

La Responsabilidad Civil de los titulares y conductores de vehículos, puede ser reducida o directamente excluida por la incidencia del hecho del damnificado o de un tercero en la producción del daño, es aquí, donde debe analizarse el incumplimiento de la normativa de tránsito a efectos de atribuir y/o deslindar responsabilidades.

Calles de Zona Urbana: la velocidad máxima permitida, es de 40 kilómetros por hora.

Avenidas de Zona Urbana: la velocidad máxima permitida, es de 60 kilómetros por hora.

Tiene prioridad de paso, el que circula por la rotonda en relación al que ingresa en la misma y el que sale frente al que circula, salvo que señales de tránsito, indiquen lo contrario.

En principio, la responsabilidad en la producción del siniestro recae sobre el titular/conductor del vehículo que realizó el giro en “u”, por ser considerada una maniobra de extremo peligro.

La Ley Nacional de Tránsito, prevé que los conductores utilizarán únicamente la calzada, sobre la derecha y en el sentido señalizado, respetando las vías o carriles exclusivos y los horarios establecidos.

En las vías con más de 2 carriles por mano, sin contar el ocupado por estacionamiento, el tránsito debe ajustarse a lo siguiente:

  • Se puede circular por carriles intermedios cuando no haya a la derecha otro igualmente disponible;
  • Se debe circular permaneciendo en un mismo carril y por el centro de éste.
  • Se debe advertir anticipadamente con la luz de giro correspondiente, la intención de cambiar de carril con una antelación mínima de 5 segundos.
  • Ningún conductor debe estorbar la fluidez del tránsito circulando a menor velocidad que la de operación de su carril.
  • Los vehículos de pasajeros y de carga, salvo automóviles y camionetas, deben circular únicamente por el carril derecho, utilizando el carril inmediato de su izquierda para sobrepasos.
  • Todo vehículo al que le haya advertido el que lo sigue su intención de sobrepaso, se debe desplazar hacia el carril inmediato a la derecha.

La Ley Nacional de Tránsito Argentina, prohíbe circular marcha atrás, excepto para estacionar, egresar de un garage o de una calle sin salida.

En ese sentido, teniendo en cuenta la peligrosidad de la maniobra, se ha elaborado la presunción judicial de “culpa del conductor que circula marcha atrás”, por lo que, salvo que acredite lo contrario, éste resultará responsable de la producción del siniestro.

Habitualmente, se denomina “Reclamo de Tercero/s” al trámite administrativo que debe realizar el afectado en un accidente de tránsito, para reclamar a la compañía de seguros del vehículo responsable (total o parcial) del siniestro, la indemnización por los daños sufridos.

Sin perjuicio de realizar la respectiva denuncia policial (en caso de que corresponda), como primera medida, debe tratarse de conseguir testigos que brinden información sobre la mecánica del hecho y los vehículos intervinientes en el mismo.

Si el peatón no incurre en graves violaciones a las reglas del tránsito, gozará del beneficio de la duda y presunciones en su favor, trasladando la responsabilidad por el accidente a él o los conductores/titulares de los vehículos intervinientes en el siniestro; esta presunción, puede ser destruida acreditando la incidencia de la culpa o el hecho del peatón.

La ley nacional de tránsito Argentina establece que, todo conductor debe ceder siempre el paso en las encrucijadas al que cruza desde su derecha. Esta prioridad del que viene por la derecha es absoluta, y sólo se pierde ante los peatones que cruzan lícitamente la calzada por la senda peatonal o en zona peligrosa señalizada como tal; debiendo el conductor detener el vehículo si pone en peligro al peatón.

En zona urbana podrán transitar:

  • Únicamente por la acera u otros espacios habilitados a ese fin;
  • En las intersecciones, por la senda peatonal;
  • Excepcionalmente por la calzada, rodeando el vehículo, los ocupantes del asiento trasero, sólo para el ascenso-descenso del mismo.

En zona rural podrán transitar:

  • Por sendas o lugares lo más alejado posible de la calzada. Cuando los mismos no existan, transitarán por la banquina en sentido contrario al tránsito del carril adyacente. Durante la noche portarán brazaletes u otros elementos retrorreflectivos para facilitar su detección.

El cruce de la calzada se hará en forma perpendicular a la misma, respetando la prioridad de los vehículos.

En zonas urbanas y rurales si existen cruces a distinto nivel. con senda para peatones, su uso es obligatorio para atravesar la calzada

  • Se prohíbe la circulación de peatones, permitiéndose solamente en casos de emergencia para solicitar o brindar ayuda, la circulación por banquinas de calzadas y ramas de accesos y aceras de los puentes.
  • En semiautopistas (caminos similares a las autopistas, pero con cruces con otras calles o vías del ferrocarril), se aplica lo expuesto en el apartado anterior respecto a zonas urbanas y/o rurales respectivamente.

Los peatones deberán cruzar la calzada cuando:

  • Tengan a su frente semáforo peatonal con luz verde o blanca habilitante;
  • Sólo exista semáforo vehicular y el mismo de paso a los vehículos que circulan en su misma dirección;
  • No teniendo semáforo a la vista, el tránsito de la vía a cruzar esté detenido.

No deben cruzar con luz roja o amarilla a su frente.

El principio general, es que si el peatón no incurre en graves violaciones a las reglas del tránsito, gozará del beneficio de la duda y presunciones en su favor, trasladando la responsabilidad por el accidente a él o los conductores de los vehículos intervinientes en el siniestro.

 

Si el peatón no incurre en graves violaciones a las reglas de tránsito, gozará del beneficio de la duda y presunciones a su favor.

 

Esta presunción, puede ser destruida acreditando la culpa o hecho del peatón que haya sido determinante en la producción del accidente. Así, por ejemplo, judicialmente se ha decidido que cruzar de noche, a mitad de cuadra, fuera de la senda peatonal y saliendo por delante de un vehículo detenido en una ruta con una importante densidad de vehículos, revistió de por sí aptitud causal para producir el accidente por culpa del peatón.

Si hubo lesiones, requerir asistencia médica lo más rápido posible llamando al SAME (107) o POLICIA (911).

De ser asistido por médicos, requerir los datos de los profesionales tratantes, certificados y comprobantes de su atención y lesiones ocasionadas por el accidente.

Recabar información del hecho: Datos de lugar, sentido en que circulaban los vehículos, fecha, hora, condiciones del clima.

Obtener datos de los vehículos y sujetos damnificados: Nombre, apellido, DNI, domicilio y teléfonos de los conductores, titulares de rodados y/o damnificados, Nro. y fecha de vencimiento Licencia de conducir, Patente y datos de los vehículos (marca, modelo, color), Número de Póliza de Seguro y Nombre de la Aseguradora.

Si hubo testigos, solicitar sus datos personales completos, incluidos nombre, apellido, DNI, domicilio y números telefónicos.

Tomar fotos de la posición y daños de los vehículos, lugar del accidente y las lesiones provocadas si las hubiere.

Si sufrió lesiones, realizar en cuanto pueda la denuncia penal (si no fueron iniciadas de oficio las actuaciones).

Debe denunciarse el siniestro ante su compañía de seguros dentro del plazo de 72 horas.

Según dispone la Ley de Seguros Argentina, el asegurado, deberá comunicar el accidente a la compañía dentro de los 3 días; la ley establece que el asegurado, pierde el derecho a ser indemnizado si no cumple con la carga de denunciar el siniestro en plazo.

Una vez formulada la denuncia del siniestro y suministrada por parte del asegurado la información complementaria o adicional que se le requiera, la compañía aseguradora cuenta con un plazo de 30 días corridos para expedirse sobre el derecho del asegurado a ser indemnizado y, si no se expresa en forma fehaciente (por ej. mediante Carta Documento), queda automáticamente aceptada la cobertura del siniestro y el consecuente derecho a ser indemnizado.

 

Debe destacarse, que esta aceptación tácita por parte de la compañía, se produce siempre y cuando el siniestro corresponda a un riesgo asegurado por la póliza respectiva, ya que -en principio- no podría considerarse como aceptación, la falta de exteriorización de voluntad de la aseguradora respecto a siniestros no asegurados, no cubiertos o excluidos en la póliza.

Por último, debe aclararse aquí, que el reconocimiento de la aseguradora a ser indemnizado, no implica el reconocimiento y pago de la totalidad de los daños denunciados, sino que indica solamente que el siniestro se haya cubierto y que deberá ser oportunamente indemnizado en la medida de la acreditación y eventual comprobación de los daños y perjuicios acaecidos.

Si. El asegurado, está obligado a suministrar a pedido del asegurador, la información y documentación accesoria necesaria para verificar el siniestro y la extensión de los daños, permitiéndole las indagaciones correspondientes a tal fin.

En caso de que el asegurado no cumpla debidamente con esta obligación legal, pierde el derecho a ser indemnizado.

En los seguros de daños patrimoniales, el crédito del asegurado debe abonarse dentro de los 15 días de fijado el monto de la indemnización o de la aceptación de la misma, una vez vencido el plazo de 30 días explicado en el apartado anterior.

 

Resumen de Plazos

  • Asegurado Denunciar el Siniestro - 3 días
  • Compañía Seguros expedirse sobre la cobertura - 30 días
  • Compañía Seguros Abonar Indemnización - 15 días

Riesgo Cubierto

La compañía de Seguros, se obligará a mantener indemne -durante la vigencia del seguro- al Asegurado y/o a la persona que con su autorización conduzca el vehículo objeto del Seguro (el Conductor) por cuanto deban a un tercero (sólo por conceptos e importes previstos por la póliza), los daños personales causados por ese vehículo o por la carga que transporte en condiciones reglamentarias, por hechos acaecidos en razón de la Responsabilidad Civil que pueda resultar a cargo de ellos.

 

La compañía de Seguros, se obligará a mantener indemne al Asegurado y/o a la persona que con su autorización conduzca el vehículo objeto del Seguro.

 

  • La cobertura, ampara a las personas transportadas mientras asciendan o desciendan del habitáculo.
  • La compañía aseguradora, tomará a su cargo, el pago de costas judiciales y extrajudiciales (gastos de juicios, abogados y gastos legales en general).

Exclusiones de la cobertura

El Asegurador no indemnizará los siguientes siniestros:

Culpa grave

El Asegurador queda liberado, si el Asegurado y/o Conductor y/o la víctima, provocan el siniestro en forma intencional o con culpa grave.

No obstante, el Asegurador cubre al Asegurado por la culpa grave del Conductor, cuando éste se halle en relación de dependencia laboral con el Asegurado y siempre que el siniestro ocurra con motivo o en ocasión de esa relación.

Tumulto popular.

Por hechos de tumulto popular o lock-out, cuando el Asegurado sea participe deliberado en ellos.

Falta de habilitación para conducir.

Mientras sea conducido por personas que no estén habilitadas para el manejo de esa categoría de vehículo por autoridad competente.

Exceso de carga.

Por exceso de carga transportada, mal estibaje o acondicionamiento de envase.

Remolque a otra unidad.

Mientras esté remolcando a otro vehículo autopropulsado, salvo en el caso de ayuda ocasional y de emergencia.

Certámenes de velocidad.

Mientras tome parte en certámenes o entrenamientos de velocidad.

 

El Asegurador NO indemnizará los daños sufridos por:

  • El cónyuge o integrante de unión convivencial y los parientes del Asegurado y/o Conductor hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad (en el caso de sociedades los de los directivos).
  • Las personas en relación de dependencia laboral con el Asegurado y/o Conductor, en tanto el evento se produzca en oportunidad o con motivo del trabajo.

Los terceros transportados en exceso de la capacidad indicada en las especificaciones de fábrica o admitida como máximo para el uso normal del rodado, o en lugares no aptos para tal fin.

Este, es otro tipo de seguro regulado por la Superintendencia de Seguros de la Nación y se diferencia del obligatorio, en que no se fijan límites mínimos de cobertura, sino máximos muy superiores a los previstos para el “seguro obligatorio de responsabilidad civil” y se amplían considerablemente las exclusiones de cobertura admitidas.

* Se aclara, que ambos seguros (obligatorio y voluntario) pueden ser contratados conjuntamente y plasmarse en una misma póliza.

 

Riesgo Cubierto.

El Asegurador, se obliga a mantener indemne -durante la vigencia del seguro- al Asegurado y/o al conductor del vehículo objeto del seguro, por cuanto deban a un tercero como consecuencia de daños causados por ese vehículo o por la carga que transporte en condiciones reglamentarias, en razón de la Responsabilidad Civil que pueda resultar a cargo de ellos.

El Asegurador, asume esta obligación únicamente en favor del Asegurado y del Conductor, hasta la suma máxima por acontecimiento establecida en la póliza respectiva por daños corporales a personas, sean estas transportadas o no transportadas (incluso cuando asciendan o desciendan del habitáculo) y por daños materiales.

 

Exclusiones de la cobertura

Ademas de las exclusiones mencionadas para el seguro obligatorio, el Asegurador no indemnizará los siguientes siniestros producidos y/o sufridos por el vehículo y/o su carga:

Vehículo retenido

Cuando el vehículo estuviera secuestrado, confiscado, requisado o incautado, por autoridad competente.

Animales o cosas

A los animales o cosas transportadas o durante su carga o descarga y los gastos que estas operaciones originan.

Vías de ferrocarril.

Cuando el Conductor del vehículo asegurado cruce vías de ferrocarril encontrándose las barreras bajas y/o cuando las señales sonoras o lumínicas no habiliten su paso.

Exceso de velocidad.

Cuando el vehículo asegurado sea conducido a exceso de velocidad (la velocidad del vehículo asegurado en ningún caso podrá superar el CUARENTA POR CIENTO (40%) de los límites máximos establecidos por la normativa legal vigente).

Contramano.

En ocasión de transitar el vehículo asegurado a contramano, existiendo señalización inequívoca en el lugar del hecho de la dirección de circulación.

Conductor ebrio o drogado.

Cuando el vehículo asegurado sea conducido por una persona bajo la influencia de cualquier droga desinhibidora, alucinógena o somnífera, o en estado de ebriedad.

A los efectos de la exclusión de cobertura, se entenderá que una persona se encuentra en estado de ebriedad si se niega a practicarse el examen de alcoholemia (u otro que corresponda) o cuando habiéndose practicado éste, arroje un resultado igual o superior a 1 gramo de alcohol por mil gramos de sangre al momento del accidente.

Conductor con trastornos de coordinación.

Cuando el vehículo asegurado sea conducido por persona con trastornos de coordinación motora que impidan la conducción normal del vehículo y éste no se encuentre dotado de la adaptación necesaria para este tipo de conducción.

Carga peligrosa.

Por la carga, cuando ésta sea notoriamente muy inflamable, explosiva y/o corrosiva y/o tóxica, ni en la medida en que por acción de esa carga resultaren agravados los siniestros cubiertos.

Equipos industriales.

Por o a los equipos industriales, científicos o similares montados o transportados, a raíz de su funcionamiento específico, salvo los daños ocasionados por aquellos al vehículo objeto del seguro.

Bienes del asegurado.

A bienes que por cualquier título se encuentren en tenencia del Asegurado.

Cobertura a parientes pasajeros por muerte o invalidez total y permanente.

El Asegurador se compromete a indemnizar al cónyuge o integrante de la unión convivencial y/o los parientes del Conductor y/o Asegurado, hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad en Accidente Automovilístico en el vehículo asegurado o en caso de muerte de éstos a sus beneficiarios o herederos legales, cuando sufrieran durante la vigencia de la póliza, algún accidente de tránsito como pasajeros del vehículo objeto del seguro y que fuera causa originaria de su muerte o invalidez total y permanente.

En la póliza típica de mercado, es habitual pactar que se suspenderá la cobertura en forma automática si el asegurado no paga en fecha la prima (precio del seguro). Por tanto, en los supuestos que la prima no se encuentra abonada a la fecha del accidente, el mismo -en principio- no se encuentra cubierto o garantizado por la aseguradora.

No es necesario, la vigencia del seguro obligatorio se acredita sólo con el Comprobante de Seguro y la fecha de vigencia que establecida en ese comprobante; no es exigible, la constancia de pago del seguro, ni ningún comprobante adicional, ya que ni la Ley Nacional de Tránsito Número 24.449, ni su reglamentación lo prevé.

En algunas pólizas, puede convenirse que una parte del monto a pagar por el siniestro quede a cargo del asegurado, a esto se lo llama comúnmente “Franquicia” y para el caso de que el valor total del siniestro supere dicho monto, la compañía de seguros deberá abonar la diferencia entre la franquicia y el valor total del siniestro.

Los requisitos habituales son:

  • Acreditación de identidad del reclamante (DNI, Estatuto Social, Acta de Asamblea, etc);
  • Título de Propiedad Automotor o Cédula Verde;
  • Certificado de cobertura en la compañía de seguros del reclamante;
  • Si se reclama el pago de una franquicia, nota emitida por la compañía de seguros del reclamante, indicando el monto de la franquicia y el costo total de la reparación autorizado (Carta de Franquicia).
  • Denuncia Administrativa del siniestropresentada en la compañía de seguros del reclamante;
  • El asegurado en la compañía a la cual se le reclama indemnización por el accidente, debe haber formulado la correspondiente denuncia administrativa;
  • Registro de Conducir vigente al momento del siniestro;
  • Presupuesto (discriminar valor de repuestos y mano de obra);
  • Fotografías de los daños donde se visualice la chapa patente del vehículo afectado.
  • Si hubo lesiones: certificados médicos, recetas, estudios, gastos y datos de la causa penal;
  • Dependiendo del tipo de siniestro, algunas compañías exigen también, la inspección del vehículo.

Para lograr una mayor oferta por parte de la compañía aseguradora es conveniente presentarse con un abogado, ya que en la mayoría de los casos, se consiguen mejoras de ofertas al contar con patrocinio letrado en un reclamo de terceros o prejudicial en mediación.

Debe consultar con un profesional abogado para analizar la posibilidad de intimar a la rectificación de denuncia, iniciar directamente una mediación y, eventualmente, el respectivo juicio civil por accidente de tránsito.

Que su conductor esté habilitado para manejar ese tipo de vehículo y que lleve consigo la licencia de conducir correspondiente.

Que porte la cédula verde o azul de identificación del vehículo. En caso de que el conductor no sea titular del rodado, podrá -además de la posibilidad de elegir contar con una cédula azul- optar por conducir con una autorización de manejo efectuada por escritura pública, la que debe ir acompañada de la respectiva cédula verde, sin importar la vigencia de ésta última.

La vigencia del seguro obligatorio, se acredita sólo con el Comprobante de Seguro y la fecha de vigencia que establecida en ese comprobante; no es exigible, la constancia de pago del seguro, ni ningún comprobante adicional, ya que ni la Ley Nacional de Tránsito Número 24.449, ni su reglamentación lo prevé y así lo aclara la Agencia Nacional de Seguridad Vial a través de la Disposición 70/2009.

También debe tenerse presente que, a partir de lo dispuesto en la Resolución 219/2018 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, se puede circular en todo el país con el comprobante del seguro de manera digital.

Como mínimo, el último comprobante de radicación del vehículo o patente pago.

Que el vehículo, tenga colocadas las placas de identificación de dominio, con las características y en los lugares que establece la reglamentación.

Si se trata de un vehículo del servicio de transporte o maquinaria especial, que cumpla las condiciones requeridas para cada tipo de vehículo y su conductor porte la documentación especial prevista.

Que posea matafuego y balizas portátiles reglamentarios, excepto las motocicletas.

Que el número de ocupantes guarde relación con la capacidad para la que fue construido y no estorben al conductor. Los menores de 10 años deben viajar en el asiento trasero.

Que el vehículo y lo que transporta tenga las dimensiones, peso y potencia adecuados a la vía transitada y a las restricciones establecidas por la autoridad competente, para determinados sectores del camino.

Que posea los sistemas de seguridad originales en buen estado de funcionamiento.

Tratándose de una motocicleta, sus ocupantes lleven puestos cascos reglamentarios, y si la misma no tiene parabrisas, su conductor use anteojos.

Que sus ocupantes usen los cinturones de seguridad en los vehículos que por reglamentación deben poseerlos.

Constancia de Verificación Técnica Vehicular vigente, para los rodados de las demarcaciones donde sea obligatoria.

Si tiene GNC, contar con la tarjeta de identificación y la oblea obligatoria del vehículo

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La indemnización por un accidente en moto/ciclomotor, generalmente incluye un monto para compensar las lesiones sufridas por su conductor o acompañante; según la legislación Argentina, los damnificados -salvo producción del siniestro por su culpa-, tienen derecho a la reparación de la moto/ciclomotor, resarcimiento por daños físicos, psicológicos, secuelas, tratamientos de rehabilitación y todos los perjuicios derivados del hecho.

La ley Nacional de Tránsito Argentina Nro. 24.449, define al ciclomotor, como una motocicleta de hasta 50 centímetros cúbicos de cilindrada y que no puede exceder los 50 kilómetros por hora de velocidad.

La legislación vigente, prescribe que para conducir este tipo de vehículos se requiere tener cumplida la edad de 16 años, disponiendo también, que los menores de 18 años no podrán conducir los ciclomotores en zonas céntricas, de gran concentración de vehículos o en vías rápidas.

 

Se aclara, que para solicitar licencia de conducir, los menores de edad deben ser autorizados por su representante legal.

La ley nacional de Tránsito, dispone que por autopistas y semiautopistas (caminos similares a las autopistas pero con cruces con otras calles o vías del ferrocarril), no pueden circular peatones, vehículos propulsados por el conductor, vehículos de tracción a sangre, ciclomotores y maquinaria especial.

En este aspecto, y en tanto sean compatibles a la conducción de ciclomotores, rigen las mismas exigencias para circular que con los demás vehículos descriptas en la ley nacional de tránsito, destacando entre ellas, el requerimiento de circular con casco reglamentario y si el vehículo no tiene parabrisas, la obligación de usar anteojos

Conforme lo dispuesto por el Código Civil y Comercial Argentino, la responsabilidad derivada de la circulación de vehículos es objetiva, por lo que los titulares y conductores se presumen responsables de los daños producidos en el siniestro, debiendo cada uno de ellos reparar los daños generados al otro vehículo, conductor o sujeto interviniente y -en principio- solo se liberan demostrando que el vehículo fue utilizado en contra de su voluntad o que el accidente se produjo por una causa que les fuera ajena.

 

En ese sentido, la responsabilidad de los titulares y conductores, puede ser reducida o directamente excluida por la incidencia del hecho del damnificado o de un tercero en la producción del daño.

 

Además, no debemos olvidarnos, que la falta de acatamiento de las normas de tránsito, también será considerada a efectos de la determinación y/o distribución de la responsabilidad civil de los intervinientes en el accidente.

La indemnización por un accidente en ciclomotor, generalmente incluye un importe para compensar las lesiones sufridas por su conductor o acompañante; según lo explicado en el apartado anterior, la legislación Argentina, prevé que los titulares, conductores o pasajeros damnificados -salvo culpa en la producción del siniestro-, tienen derecho a cobrar los gastos por reparación del ciclomotor (repuestos y mano de obra), desvalorización del vehículo, resarcimiento por daños físicos (secuelas por lesiones), psicológicos, afectación de los sentimientos (daño moral), gastos de atención médica y de compra de medicamentos, tratamientos de rehabilitación y recuperación, daño estético, ganancias dejadas de percibir, pérdida de oportunidades y todos los perjuicios derivados del infortunio.

La mencionada Ley Nacional de Tránsito, no prevé especificaciones concretas sobre la cantidad de personas que pueden ocupar los ciclomotores, sin embargo su decreto reglamentario número 779 del año 1995 como su semejante número 532 del año 2009 que reglamenta la ley de tránsito en la Provincia de Buenos Aires, aclaran que los ciclomotores no pueden llevar carga ni pasajero superior a 40 kilogramos y que los pasajeros siempre deben viajar con casco.

 

Por tanto, al momento de determinar responsabilidades derivadas de un accidente en que intervino un ciclomotor, deberá tenerse en cuenta, como fue que la cantidad de personas o carga transportadas afectaron las condiciones de estabilidad y maniobrabilidad propias del vehículo

Entendemos que la circunstancia de que él conductor o pasajero del ciclomotor use casco protector reglamentario, no evitará que el siniestro se produzca, pero si tendrá capacidad para influir drásticamente en sus consecuencias. En ese sentido, si el golpe o la lesión se manifiesta en la cabeza del conductor o pasajero del ciclomotor, la influencia del uso del casco protector será fundamental al momento de distribuir responsabilidades y valuar los resultados dañosos derivados del accidente.

 

Por el contrario, en caso de que el golpe o la lesión se produzca en cualquier otra parte del cuerpo, la incidencia del uso del casco al momento de graduar responsabilidades y/o determinar la cuantía del daño, será totalmente indiferente.

En un choque en cadena, cuando no puede determinarse claramente quién fue el iniciador del siniestro, estimamos que -en principio- debe responsabilizarse a quien tuvo el rol de embestidor, debido a la falta de adopción de las medidas de cuidado, atención y prudencia exigidas a fín de mantener el pleno dominio del rodado.

Este tipo de accidente, se caracteriza porque se encuentran involucrados en el mismo, desde tres a más vehículos.

La mecánica del hecho, habitualmente es generada por un vehículo iniciador y luego se expande hacia los demás intervinientes.

Además, no es poco común que estos siniestros se produzcan en el marco de condiciones climáticas desfavorables como fuertes tormentas o abundante niebla o sean producto de imprevistos de tránsito como la caída repentina de árboles, ramas, objetos transportados en camiones, animales, agua acumulada, calzada resbaladiza, etc.

Como ejemplo clásico de este tipo de siniestro, puede mencionarse el caso de un vehículo que no logre frenar a tiempo impactando con otro vehículo que circulaba adelante en la fila y éste a su vez impacta al siguiente y así sucesivamente, pudiendo asimismo el vehículo iniciador ser también impactado por los que lo precedían.

La regla general, es que el titular registral y el conductor del vehículo iniciador del siniestro, es el que debe hacerse responsable por la totalidad de los daños causados a los demás. Pero, individualizar al responsable iniciador no siempre es tarea fácil y a veces no se logra.

Individualizar al responsable iniciador no siempre es tarea fácil y a veces, no se logra.

Por lo tanto, como guía rectora al momento de deslindar responsabilidades, debemos tener en cuenta lo prescripto por el artículo 39 de la Ley Nacional de Tránsito Argentina que obliga a los conductores a circular con cuidado y prevención, conservando en todo momento el dominio efectivo del vehículo, teniendo en cuenta los riesgos propios de la circulación y demás circunstancias del tránsito.

Además, la ley mencionada, también impone la obligatoriedad de conducir a una distancia prudente del vehículo precedente de acuerdo a la velocidad de marcha y prohíbe disminuir arbitraria y bruscamente la velocidad.

Consecuentemente y considerando también, las mismas presunciones que surgen en un choque desde atrás, estimamos que cuando no puede determinarse claramente quién fue el iniciador del siniestro, debe responsabilizarse a quien tuvo el rol de embestidor, debido a la falta de adopción de las medidas de cuidado, atención y prudencia exigidas a fin de mantener el pleno dominio del rodado, aclarando que la responsabilidad puede ser excluida o limitada por la incidencia del hecho del damnificado o de un tercero en la producción del daño.

Asimismo, siguiendo este orden de ideas y a efectos de garantizar los derechos del damnificado embestido, cuando los hechos no sean suficientemente claros, podría también responsabilizarse y condenarse a varios intervinientes a la vez, sin perjuicio de las acciones posteriores que ellos puedan dirigirse entre sí.

 

Por otra parte, en casos donde el accidente aconteció en el contexto de maniobras motivadas por imprevistos como objetos o animales sueltos en la ruta, vehículos mal detenidos, o condiciones climáticas extremas, habrá que analizar con mayor detenimiento si el comportamiento del conductor fue el esperable para esas circunstancias de peligro (por ejemplo redujo prudencialmente la velocidad ante la excesiva lluvia), y una vez determinado esto, el juez interviniente podrá eximir, imputar o graduar en forma justificada las responsabilidades que le caben a cada parte en la producción del hecho.

En este tipo de siniestros, no siempre es fácil determinar quién es el responsable, pudiendo incluso ser más de uno, por lo que en caso de resultar damnificado en un “choque en cadena” y para resguardar los derechos correspondientes, se recomienda recabar los datos de todos los intervinientes para poder iniciar las acciones legales contra todos los presuntos responsables y luego sea el juez quien determine, gradúe o excluya responsabilidades.

A efectos de iniciar un juicio o formular un reclamo de indemnización por accidente o lesiones en Colectivo, Remis o Taxi, debe saber que el transportador -en principio y salvo que acredite una causa ajena- es responsable de los daños producidos y debe abonar una indemnización para resarcirlos, ya que el contrato de transporte, impone al transportista la obligación de garantizar la seguridad del pasajero y conducirlo a su destino en el mismo estado en que inició el trayecto.

Cuando se trata de accidentes sufridos por pasajeros de transporte público como micros, colectivos, taxis o remises, debe tenerse en cuenta que los daños y perjuicios se producen en el marco de un contrato de transporte de personas en los términos de los artículos 1288 y subsiguientes del Código Civil y Comercial Argentino.

También, deben considerarse las distintas normas para consumidores y usuarios (Artículo 42 de la Constitución Nacional, Ley 24.240 y sus modificatorias y reglamentarias).

Conforme lo dispuesto por el Código Civil y Comercial, son obligaciones del transportista respecto del pasajero:

  • Proveerle el lugar para viajar que se ha convenido o el disponible reglamentariamente habilitado.
  • Trasladarlo al lugar convenido.
  • Garantizar su seguridad.
  • Llevar su equipaje.
  • El transporte de personas comprende, además del traslado, las operaciones de ascenso y descenso.

El transportista responde por los siniestros que afecten a la persona del pasajero y por la avería o pérdida de sus cosas.

Según la Ley Nacional de Tránsito Argentina, en el servicio de transporte urbano (aplicable también a los “Taxis” y otros vehículos de alquiler) regirán, además, las siguientes reglas:

  • El ascenso y descenso de pasajeros se hará en las paradas establecidas;
  • Cuando no haya parada señalada, el ascenso y descenso se efectuará sobre el costado derecho de la calzada, antes de la encrucijada;
  • Entre las 22:00 y 6:00 horas del día siguiente y durante tormenta o lluvia, el ascenso y descenso debe hacerse antes de la encrucijada que el pasajero requiera, aunque no coincida con parada establecida. De igual beneficio gozarán permanentemente las personas con movilidad reducida (embarazadas, discapacitadas, etc.), que además tendrán preferencia para el uso de asientos;
  • En toda circunstancia la detención se hará paralelamente a la acera y junto a ella, de manera tal que permita el adelantamiento de otros vehículos por su izquierda y lo impida por su derecha;
  • Queda prohibido en los vehículos en circulación, fumar, sacar los brazos o partes del cuerpo fuera de los mismos, o llevar sus puertas abiertas.

El contrato de transporte, impone al transportista, la obligación de conducir al viajero a su destino en el mismo estado en que inició el trayecto, es decir, sano y salvo. 

Por tanto, el incumplimiento de esta obligación de garantizar la seguridad del viajero, lo convierte en responsable de los perjuicios ocasionados, incumbiéndole al transportador, la prueba de la eximente.

Según lo dispuesto por los Artículos 1286 y 1757 del mencionado Código Civil y Comercial Argentino, la obligación del transportista es objetiva, por lo que el transportador es responsable por el daño que sufran los pasajeros durante el viaje y sólo puede exonerarse de su responsabilidad demostrando que el infortunio ocurrió por causa ajena, es decir, el hecho de la víctima, de un tercero por el cual no debe responder o el caso fortuito o fuerza mayor (se considera caso fortuito o fuerza mayor al hecho que no ha podido ser previsto o que, habiendo sido previsto, no ha podido ser evitado) arts. 1722, 1729, 1730 y 1731 CCyC.

 

El transportador es responsable por el daño que sufran los pasajeros durante el viaje y sólo puede exonerarse de su responsabilidad demostrando que el infortunio ocurrió por causa ajena.

 

A ello, debe sumarse que la Ley de Defensa del Consumidor en su Artículo 40, establece que el transportista responderá por los daños ocasionados con motivo u ocasión de la prestación del servicio.

Los destinatarios del reclamo podrían ser varios: La empresa de transporte, la remisería o empresa de radiotaxis, el titular registral del vehículo, el chófer, los terceros intervinientes en el siniestro (si los hubiere) y las compañías de seguros correspondientes citadas en garantía.

Para resguardar los derechos correspondientes, se recomienda recabar los datos de todos los intervinientes en el siniestro, para poder iniciar las acciones legales contra todos los presuntos responsables y luego sea el juez quien determine, gradúe o excluya responsabilidades.

 

Sin dejar de destacar que aún se encuentra vigente la discusión sobre si algunas de las empresas de aplicaciones que brindan servicios de traslados, son efectivamente empresas de transportes o se tratan de empresas de servicios que facilitan la concertación de viajes en el marco de la denominada economía colaborativa, entendemos que en todo caso de que un pasajero sufra un accidente durante un viaje contratado a través de éstas aplicaciones y según todo lo expuesto en los puntos anteriores del presente artículo y los dispuesto por la propia Ley de Defensa del Consumidor Argentina, serán todos los integrantes de la cadena de comercialización del servicio quienes deberán responder ante un siniestro.

Así, en caso de un accidente padecido por un pasajero de Uber, u otra aplicación similar, este podrá reclamar la reparación de los daños sufridos al chófer del vehículo transportador, a su titular, a la empresa que gestiona o se aprovecha de la aplicación informática mediante la cual se contrató el servicio, al tercero causante del daño (si intervino un tercero) y a las compañías de seguros intervinientes (aseguradora contratada por el chófer o titular del auto que prestó el servicio, a la aseguradora contratada por la empresa que explota la aplicación si existiese y a la aseguradora del eventual tercero interviniente en el siniestro si correspondiera).

Como en otros casos donde existen varios sujetos pasivos hipotéticamente responsables, será el juez interviniente en el eventual reclamo legal que se efectúe, el que defina, dosifique o incluso excluya la medida del deber legal de responder de cada uno de los integrantes de la cadena de responsabilidades.

ASISTENCIA MÉDICA

Si hubo lesiones, requerir asistencia médica lo más rápido posible llamando al Sistema de Atención Médica de Emergencias -SAME- (107) o POLICIA (911).

 

INFORMACIÓN MÉDICA

  • Requerir datos de los profesionales tratantes (Nombre, Apellido, Nro. de Matrícula, etc).
  • Certificados, estudios clínicos, diagnósticos y comprobantes de atención y de las lesiones sufridas.

DATOS DEL HECHO

  • Datos del lugar.
  • Señales de tránsito existentes en el lugar y su estado de conservación y/o funcionamiento.
  • Sentido de las calles y altura aproximada donde se produjo el accidente.
  • Estado de la calzada.
  • Sentido en que circulaban los vehículos.
  • Fecha y hora del hecho.
  • Condiciones del clima.

DATOS DE LOS RESPONSABLES Y COMPAÑÍA DE SEGUROS

  • De ser posible, obtener nombre, apellido, DNI, domicilio y teléfonos de los conductores y titulares de los rodados y/o unidades intervinientes.
  • Averiguar cual es la Compañía de Seguros que cubre al vehículo transportador y de ser posible, el Número de Póliza .

PASAJE

Conservar y resguardar la tarjeta SUBE, boleto utilizado para viaje, capturas de pantalla de la aplicación, correos electrónicos o sistema informático donde figure su viaje, etc, ya que todo esto servirá como prueba en un futuro reclamo legal.

 

CONSTANCIA DE LA EMPRESA

Si es posible, obtener una constancia certificada de la producción del siniestro emanada de la empresa transportadora.

 

TESTIGOS

Recabar los datos personales completos de los testigos del hecho (cuanto mayor sea la cantidad de testigos que se consigan, más fácil será la eventual acreditación judicial de los hechos).

 

FOTOGRAFÍAS

  • Tomar fotos de la posición y daños de los vehículos.
  • Tomar fotos de las lesiones provocadas si las hubiere.
  • Tomar fotos de las señales de tránsito existentes.
  • Tomar fotos del estado de la calzada.
  • Tomar fotos de la identificación de la unidad o vehículo que lo transportaba, número de dominio y/o número de interno o unidad.
  • Tomar fotos del logo o propaganda de la empresa que figure en cualquier parte del vehículo.

DENUNCIA PENAL

Si sufrió lesiones, realizar en cuanto pueda la denuncia penal (si no fueron iniciadas de oficio las actuaciones).

Los automotores y otros vehículos motorizados, deben ser considerados legalmente como “cosas riesgosas” ante un impacto de éstos con una bicicleta, presumiéndose solamente la responsabilidad del dueño o guardián del automotor o vehículo motorizado; esta presunción, puede ser destruida acreditando la incidencia de la culpa o el hecho del ciclista, como determinante del accidente

La ley Nacional de Tránsito Argentina Nro. 24.449, define a la bicicleta como un vehículo de dos ruedas que es propulsado por mecanismos con el esfuerzo de quien lo utiliza, pudiendo ser múltiple de hasta cuatro ruedas alineadas y establece que para poder circular es indispensable que el vehículo tenga:

  • Un sistema de rodamiento, dirección y freno permanente y eficaz;
  • Espejos retrovisores en ambos lados;
  • Timbre, bocina o similar;
  • Que el conductor lleve puesto un casco protector,no use ropa suelta, y que ésta sea preferentemente de colores claros, y utilice calzado que se afirme con seguridad a los pedales;
  • Que el conductor sea su único ocupante con la excepción del transporte de una carga, o de un niño, ubicados en un portaequipaje o asiento especial cuyos pesos no pongan en riesgo la maniobrabilidad y estabilidad del vehículo;
  • Guardabarros sobre ambas ruedas;
  • Luces y señalización reflectiva, disponiendo que las bicicletas estarán equipadas con elementos retrorreflectivos en pedales y ruedas, para facilitar su detección durante la noche.
  • Llevarán una luz blanca hacia adelante y otra roja hacia atrás.

Además, la ley determina que las autoridades competentes promoverán la planificación y construcción de una red de ciclovías o sendas especiales para la circulación de bicicletas y similares cuyos conductores estarán obligados a utilizarlas.

La falta de cumplimiento de éstas y las demás normas de tránsito vigentes, son consideradas a efectos de la determinación de responsabilidad civil de los intervinientes en el accidente.

Salvo en los casos de prohibiciones específicas, las bicicletas pueden circular por la vía pública en las mismas condiciones que los automotores y motovehículos, estando obligados sus conductores, a respetar a rajatabla la totalidad de las normas de tránsito vigentes en el País (señales, semáforos, reglas de prioridad de paso, etc).

La ley nacional de Tránsito, dispone que por autopistas (vía multicarril sin cruces a nivel con otra calle o ferrocarril, con calzadas separadas físicamente y con limitación de ingreso directo desde los predios frentistas lindantes) y semiautopistas (caminos similares a las autopistas, pero con cruces con otras calles o vías del ferrocarril), no pueden circular peatones, vehículos propulsados por el conductor, vehículos de tracción a sangre, ciclomotores y maquinaria especial.

La legislación Nacional, también prohíbe a los conductores de ciclorodados, circular agarrados de otros vehículos o enfilados inmediatamente tras ellos.

En una colisión entre un automóvil u otro vehículo a motor y una bicicleta, surge claramente que la “bici” debido a su fragilidad en comparación con los demás vehículos, no genera grandes riesgos hacia ellos.

En consecuencia, coincidimos con la corriente que indica que los automotores y otros vehículos motorizados (por ejemplo, motocicletas), deben ser considerados legalmente como “cosas riesgosas” ante un impacto de éstos con una bicicleta, presumiéndose -en principio- solamente la responsabilidad del dueño o guardián del automotor o vehículo motorizado.

Por tanto, el mencionado dueño o guardián del automóvil u otro vehículo motorizado, solo podrá desvincularse total o parcialmente de responsabilidad, demostrando la incidencia de la actitud del conductor de la bicicleta o de un tercero en la producción del siniestro.

En resumen, entendemos que el titular y/o conductor del automotor u otro vehículo considerado legalmente como riesgoso, se presume responsable del accidente y para eximirse de responder, deberá probar que el accionar del ciclista ha sido determinante en la producción del infortunio.

 

El titular y/o conductor del automotor u otro vehículo considerado legalmente como riesgoso, se presume responsable del accidente y para eximirse de responder, deberá probar que el accionar del ciclista ha sido determinante en la producción del infortunio.

 

Así por ejemplo, judicialmente se ha resuelto que, si el ciclista circulaba alcoholizado y por una avenida donde se prohíbe la circulación en bicicleta, su conducta es negligente, imprudente y temeraria por lo que no puede atribuirse ningún grado de responsabilidad al conductor del automotor interviniente en el siniestro.

Entendemos que la circunstancia de que él conductor de la “bici” use casco protector, no evitará que el siniestro se produzca, pero si tendrá capacidad para influir drásticamente en sus consecuencias. En ese sentido, si el golpe o la lesión se manifiesta en la cabeza del conductor de la bicicleta, la influencia del uso del casco protector será fundamental al momento de distribuir responsabilidades y valuar los resultados dañosos derivados del accidente.

 

Por el contrario, en caso de que el golpe o la lesión se produzca en cualquier otra parte del cuerpo, la incidencia del uso del casco al momento de graduar responsabilidades y/o determinar la cuantía del daño, será totalmente indiferente.

Teniendo en consideración que conducir bajo la influencia del alcohol es una de la principales causas de accidentes de tránsito en todo el mundo, la Ley Nacional de Tránsito Argentina Nro. 24.449, establece que:

  • Queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a 500 miligramos por litro de sangre.
  • Para quienes conduzcan motocicletas o ciclomotores queda prohibido hacerlo con una alcoholemia superior a 200 miligramos por litro de sangre.
  • Para vehículos destinados al transporte de pasajeros, de menores y de carga, queda prohibido hacerlo cualquiera sea la concentración por litro de sangre.

La violación de estas prohibiciones, da lugar a graves infracciones de tránsito, multas e inhabilitaciones.

Conducir bajo la influencia del alcohol es una de la principales causas de accidentes de tránsito en todo el mundo.

En lo referente a los topes máximos de niveles de alcohol en sangre permitidos, la mayoría las leyes y reglamentaciones de tránsito provinciales y/o locales (incluida la vigente en la Provincia de Buenos Aires y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires) contienen restricciones casi idénticas a las de la ley Nacional más arriba mencionadas.

Como excepciones, encontramos los casos de las leyes de tránsito de las Provincias de Córdoba, Salta, Tucumán, La Rioja, Entre Ríos y Neuquen, cuyas prohibiciones resultan aún más severas que las de la ley Nacional, imponiendo la alcoholemia cero.

La ley de Tránsito Nacional, dispone que todo conductor debe sujetarse a las pruebas expresamente autorizadas, destinadas a determinar su estado de intoxicación alcohólica o por drogas, para conducir.

La negativa a realizar la prueba constituye falta, además de la presunta infracción correspondiente por conducir bajo ingesta de alcohol fuera de los límites legales.

En caso de accidente o a pedido del interesado, la autoridad debe tomar las pruebas lo antes posible y asegurar su acreditación.

Sin perjuicio de la actitud desde todo punto de vista repudiable de una persona que decide conducir (emprender cruces peligrosos en caso de peatones o incorporarse a la circulación de alguna manera) habiendo ingerido una bebida alcohólica en cualquier cantidad que sea, debe ponerse de relieve, que éste proceder ética y moralmente despreciable no significa a nuestro entender que, en forma automática, el sujeto alcoholizado sea considerado total o parcialmente culpable por la producción del accidente.

En efecto, el solo hecho de que el conductor o peatón estuviese bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, no determina por si mismo la exclusiva culpa o responsabilidad civil de éste en la producción del siniestro, si teniendo en cuenta las circunstancias del caso, el desenlace hubiese sido el mismo.

Siempre debe analizarse su aporte a la producción del hecho, por lo que para responsabilizar civilmente (en forma total o parcial) por el accidente al sujeto (conductor-peatón) alcoholizado, debería invocarse y acreditarse como fue que la influencia del alcohol en el sujeto contribuyó al desenlace siniestral.

Así, judicialmente se ha resuelto en reiteradas oportunidades, que si el sujeto alcoholizado no realizó ninguna maniobra que fuese causa del accidente, no puede endilgársele responsabilidad civil en su producción.

Por otra parte, las distintas resoluciones de Superintendencia de Seguros de la Nación Argentina, que fijan los requisitos uniformes que debe contener toda póliza básica de seguro obligatorio de responsabilidad civil dispuesto por la Ley Nacional de Tránsito, establecen que la compañía aseguradora no indemnizará los siniestros producidos y/o sufridos por el vehículo y/o su carga:

  • Cuando el vehículo asegurado sea conducido por una persona bajo la influencia de cualquier droga desinhibidora, alucinógena o somnífera, o en estado de
  • Se entiende que una persona se encuentra en estado de ebriedad, si se niega a practicarse el examen de alcoholemia (u otro que pudiere corresponder) o cuando habiéndose practicado éste, arroje un resultado igual o superior a 1 gramode alcohol por mil gramos de sangre al momento del accidente.

A los fines de su comprobación queda establecido que la cantidad de alcohol en la sangre de una persona, desciende a razón de 0,11 gramos por mil por hora.

  • Accidente Laboral / ART
  • Defensoría del Consumidor

Atención a las víctimas de Accidentes Laborales para poder reclamar las indemnizaciones que les correspondan por sus lesiones, frente a las personas o empresas responsables del accidente y sus aseguradoras.

Si tuviste un Accidente de Trabajo, sea dentro del horario laboral, yendo o volviendo del trabajo, tenes derecho a reclamar la indemnización que te corresponde.

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